Carmen Sánchez; el camino hacia la justicia y la recuperación

Sabrina Martínez.

El intento de feminicidio con ácido fue la culminación de todas las violencias que yo ya había vivido.

Carmen Sánchez es una mujer de 39 años, madre de dos hijas y activista por los derechos de las mujeres.

Carmen comenzó a vivir con Efrén García Ramírez cuando tenía 17 años. Durante ese periodo, ella abandonó la preparatoria y eventualmente se convirtió en madre. La relación se volvió violenta, por lo que ella decidió terminarla.

Durante el primer año separados, Carmen presentó tres denuncias: una por violencia familiar, otra por delitos sexuales y la última por sustracción de menores, ya que Efrén la acosaba y amenazaba constantemente. La autoridad actuó negligentemente al mandarla a conciliar con su expareja y al no brindarle medidas de protección, lo cual la puso en mayor peligro.

El 20 de febrero de 2014, Efrén García fue a casa de la madre de Carmen, donde ellas y sus hijas estaban viviendo. Él intentaba convencerla de que volvieran, sin embargo, al ver que Carmen no accedió, intentó asesinarla lanzándole ácido, causándole daños en la cara, el cuello, el pecho y parte de la pierna derecha.

Carmen fue llevada a un hospital del IMSS donde estuvo durante 8 meses. Ese mismo día presentaron una denuncia de los hechos, sin saber el camino que les esperaba para encontrar justicia.

A pesar del tiempo que tuvo que pasar en el hospital, el médico legista (médico designado para informar al juez o jueza la situación médica de la víc.ma) informó, que eran “lesiones simples”, y no se solicitó prisión preventiva ni ninguna medida que protegiera a Carmen de que Efrén regresara a terminar lo que empezó.

Mientras buscaba acceder a los servicios penales y de salud que el Estado le negaba, se encontró con abogadas amigas suyas que le explicaron que se enfrentaría a la falta de reconocimiento de la gravedad de su caso ya que el tipo de violencia que sufrió no estaba legislada y probablemente juzgarían a Efrén por lesiones o por violencia familiar, no por intento de feminicidio.

La activista se dio cuenta de la importancia de nombrar y distinguir la violencia con ácido, ya que «lo que no se nombra no existe», como bien dijo Marcela Lagarde.

En 2015, dio sus primeras entrevistas, pero fue después de tres años, en 2018, cuando se enteró de la existencia de otra mujer en México quemada con ácido, Ana Helena Saldaña.

Ambas conversaron, se abrazaron y se acompañaron mutuamente.

No me alegraba que hubiera otra mujer porque a mí me hubiera gustado ser la única, la primera y última mujer en el mundo y en el país quemada con ácido, pero desgraciadamente no lo soy.

Carmen Sánchez

Ana la llenó de fortaleza y determinación. Como resultado, Carmen comenzó a dar entrevistas junto con otras mujeres, lo que la llevó a conocer los casos de Esmeralda Millán y Leslie Moreno.

Violencia institucional y la negación del derecho a la salud.

Uno de los desafíos a los que Carmen se enfrentó fue la falta de apoyo de los servicios de salud pública. Le decían que las cirugías que necesitaba no eran funcionales. Sin embargo, ella estaba segura de que encontraría soluciones.

Tenía algo muy claro, yo sabía que algún día alguien me iba a escuchar y que iba a tener justicia, que algún día alguien me iba a abrir las puertas para poder obtener una mejor cirugía.

menciona la activista.

Fue en el sector privado donde encontró la ayuda de profesionales de la salud que se ofrecieron a brindarle las cirugías de forma gratuita. Carmen sabía que no era la única enfrentándose a las negativas del Estado para apoyarla en su recuperación, por lo que siempre habló por Esmeralda Millán para que obtuviera, junto a ella, los servicios que necesitaba.

En total, Carmen ha sido sometida a 65 cirugías, de las cuales solo cuatro han sido financiadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Acceder a la última cirugía, programada para octubre de 2022 y que sería pagada por el Fondo de Atención a Víctimas, se complicó enormemente debido a que, ellos mismos, obstaculizaron el proceso.

Integrantes de la Comisión encargada, expresaron que «a las víctimas no se les da tanto» y fue hasta mayo de 2023 que se logró realizar la intervención.

Carmen, así como las personas que han sido quemadas con cualquier sustancia, no pueden saber cuántas cirugías más serán necesarias para su integra recuperación. Ellas viven con la incertidumbre de si podrán acceder a la siguiente operación y si no habrá complicaciones en la misma.

Esmeralda Millán, por ejemplo, solo ha podido someterse a 8 cirugías debido a la violencia institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Puebla no ha respetado su derecho a la salud.

La emisión de la recomendación 85/2019 de la CNDH.

Carmen fue invitada por varias amigas abogadas a un evento en el Senado de la República en conmemoración del 8 de marzo de 2018. Al evento asistirían diputadas interesadas en promover políticas a favor de las mujeres, así como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ese entonces el Lic. Raúl González. Al escuchar las exposiciones de las diputadas sobre las violencias que vivimos las mujeres en México, Carmen se armó de valor para compartir su historia y pedir ayuda.

En un momento decisivo, Carmen tomó el micrófono y expuso su situación. Los medios de comunicación se enfocaron en ella, y gracias a esto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se comprometió a tomar su caso y acelerar la denuncia.

Cuando Carmen acudió a la fiscalía junto con el presidente, misteriosamente apareció su carpeta de investigación. En el Centro de Justicia para Mujeres se dieron cuenta de que no se quedaría en silencio y que estaba buscando las herramientas necesarias para acceder a la justicia.

En 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 85/2019, la cual visibilizó y nombró todas las violaciones a los derechos de Carmen. Asimismo, instó a la fiscalía a respetar sus derechos y reconocer tanto a Carmen como a sus hijas como víctimas. Esta importante acción contribuyó a visibilizar la situación de Carmen y a exigir la protección y justicia que merecían.

Carmen, Elena, Ana y Esmeralda unidas en una obra de arte.

En 2021, se le ofreció a Carmen la posibilidad de tener diez murales con su rostro como una forma de visibilizar la violencia química. Aunque Carmen aceptó, prefirió que esos murales no solo la representaran a ella sino también a otras sobrevivientes.

Para el mural donde se plasmaría su rostro, eligió el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde reside Isabel Sánchez Holguín, la comisionada ejecutiva de atención a víctimas del Estado de México. Resulta significativo ya que Isabel Sánchez fue una de las personas que, durante mucho tiempo, negó a Carmen el acceso al Fondo de Víctimas argumentando que solo se trataba de cirugías estéticas.

El mural fue terminado en marzo de 2021 y representaba a Carmen Sánchez, Elena Ríos, Ana Saldaña y Esmeralda Millán. Sin embargo, para el 27 de abril del mismo año el gobierno municipal ya los había blanqueado. Carmen comenzó a denunciar lo ocurrido en sus redes sociales, especialmente señalando al presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas, sin imaginar el gran impacto que tendría.

Enrique Vargas, se defendió diciendo que no era culpable; sin embargo, se comprometió a repararlo. La activista recibió numerosas llamadas en las que le informaban que él quería reunirse con ella y que se comprometía a crear un pasillo lleno de murales en su honor, pero a cambio le pedían que eliminara sus publicaciones. Carmen se mantuvo firme, concediendo entrevistas sobre el tema a nivel nacional e internacional.

Así amaneció el mural que pintamos el 21 de marzo con ayuda de #COSCemex. Teníamos el permiso del propietario de la barda y el Ayuntamiento de #Huixquilucan lo pintó de blanco. Hacemos responsable a @EnriqueVargasdV y exigimos que nos repare el daño integralmente. pic.twitter.com/CI3DpW28KA

— Carmen Sánchez (@CarmenAnchez) April 27, 2021

Triunfo de la lucha incansable: Carmen alcanza la justicia penal.

Mi lucha la inicié hace casi una década, el 20 de febrero del 2014, cuando fui atacada con ácido por mi agresor, que tenía la intención de matarme. En todo estos años no solo tuve que luchar en contra de Efrén García, sino en contra de del sistema de justicia penal que minimizó el daño y el riesgo de muerte en el que me encontraba al asentar en mi carpeta, lesiones que no ponen en riesgo la vida, al no investigar con perspectiva de género, no realizar peritajes especializados sobre este tipo de violencia, no proporcionarme las medidas de protección, asesoría jurídica y psicológica, y negarme por años el acceso a la salud y a la justicia.

Carmen Sánchez

Finalmente, el 11 de mayo de 2023 el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitió la sentencia condenatoria contra Efrén García a 46 años y 8 meses de cárcel por cometer un feminicidio en grado de tentativa.

Es importante destacar que Efrén no estaba prófugo, ya que la activista siempre había proporcionado información sobre su paradero, pero no se hizo nada al respecto. «Efrén estaba disfrutando de la libertad que el Estado le brindó», comenta Carmen.

Esta sentencia marca un antes y un después en la lucha por darle justicia a las víctimas de la violencia química al ser la primera de su tipo en toda América Latina. “El poder Judicial del Estado de México reconoció por primera vez que los ataques con ácido van dirigidos a provocar un sufrimiento en las víctimas previo a la intención de causarles la muerte”, menciona Carmen.

Dicha resolución será un antecedente que los y las juezas deberán tomar en cuenta para resolver futuros juicios de violencia química.

Tanto la recomendación de la CNDH, como la condena a Efraín, son avances significativos para lograr que las autoridades atiendan, investiguen e impartan justicia con perspectiva de género y además, para que se legisle en toda Latinoamérica con el fin de alcanzar un real reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, más que eso, una vez más se nos reconoce a las mujeres que tenemos el derecho a una vida libre de violencias lo que implica no sólo las violencias que el estado se toma la molestia de legislar, sino todo tipo de acciones que nos dañen tanto física como psicológicamente.

Fundación Carmen Sánchez.

Lo que las llevó a constituirse fue que había personas que querían ayudarlas, pero era necesario crear una asociación, para poder gestionar los apoyos. Sin embargo, Carmen menciona «No me hubiera gustado tener una asociación así, porque a mí me hubiera gustado ser la única».

En la fundación, celebran juntas sus cumpleaños y logros, pero también se apoyan mutuamente para salir adelante y crear la vida que les gustaría vivir. Por ejemplo, Karina recientemente terminó la preparatoria y están buscando una beca para que pueda estudiar enfermería. Esmeralda está aprendiendo sobre estilismo y belleza, por lo que les gustaría ayudarla a abrir su propio negocio.

Entre los objetivos de la fundación esta crear una política integral para que, tanto el Estado como la sociedad, reconozcan a las mujeres como víctimas. Lamentablemente, los legisladores siguen proponiendo penas de 11 a 12 años para quienes perpetren ataquen con químicos, siendo que se debe reconocer como violencia feminicida.

No debemos olvidar que mantenerse con vida no es suficiente cuando les han arrebatado su identidad y el Estado debe asegurarles que sus agresores no volverán a terminar lo que iniciaron.

Nosotras mismas, (víctimas) nos henos hecho pioneras para reformar el código penal y se reconozcan y castiguen los ataques con sustancias químicas.

menciona Carmen.

Un Estado negligente y una ley ácida deficiente.

Si bien, es un gran avance que se hable en la Cámara de Diputados sobre los ataques con ácido, desafortunadamente, el proyecto que se aprobó bajo el nombre «Ley Ácida» para reformar la Ley General de Víctimas y el Código Penal Federal no hace los cambios por los que las activistas, y en específico la Fundación Carmen Sánchez, tanto han luchado, ya que éste establece:

“Adiciona (…) al Código Penal Federal y se establece que se impondrán de siete a quince años de prisión y de trescientos a setecientos días multas, a quien por sí o por interpósita persona, infiera lesión o lesiones a otra persona, utilizando para ello cualquier tipo de ácido, álcali, agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.

Indica que, si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio, en grado de tentativa, según corresponda” (Cámara de diputados, 2023).

Las y los legisladores no han comprendido que un ataque con ácido, ya sea que dañe por completo el cuerpo de una mujer o solo un centímetro de su brazo, SIEMPRE CONSTITUYE UN INTENTO DE FEMINICIDIO.

En su proyecto de ley, establecen como condición que una persona sufra quemaduras en la mitad de su cuerpo y se encuentre (aún más) al borde de la muerte para que se considere que ha sido víctima de un intento de feminicidio.

Aunque el perpetrador no logre asesinar o dañar completamente el cuerpo de la víctima, no deben otorgarle una menor pena de cárcel, con mayor razón, se le debe imponer la pena de feminicidio en grado de tentativa (con sentencias de hasta más de 40 años de cárcel) ya que la víctima corre peligro de que vuelva a intentar matarla.

En México las mujeres que sufren de ataque con sustancias químicas no solo tienen que enfrentarse a la violencia en el sector salud, a la revictimización, la negligencia de la policía y del sistema judicial, ahora también tienen que luchar contra el trabajo mal hecho de los legisladores y su justicia a medias que no cuida ni representa a las mujeres. Con dicha propuesta de ley, el Estado no solo les está negando la justicia, también las condenan a vivir con miedo, teniendo a su agresor en la calles.

Las víctimas de los ataques químicos son sobrevivientes, ya que conocen de primera mano lo que implica sobrevivir a un intento de feminicidio. Un ataque con sustancias químicas es un acto misógino que busca borrar y aniquilar a la mujer, torturándola hasta llevarla al feminicidio.

Aquellas que han logrado sobrevivir es gracias a la ayuda recibida en el momento del ataque, sin embargo, las sustancias utilizadas son letales y ponen en peligro la vida no solo en ese instante, sino también debido a las secuelas físicas, psíquicas y psicosociales que han truncado sus proyectos de vida.

Hoy nombramos a las sobrevivientes de violencia química Martha Ávila, María López Yazmín Hernández, Esmeralda Millán, Malena Ríos, Nirvana Hermosillo, Liliana Fernández, Karina Mendoza, Natalia Ponce, Gina Potes, Ana Saldaña, Elisa Xolalpa, Karina Mendoza y muchas otras se suman a la lista de víctimas en México, así como las que, en cualquier parte del mundo, intentan recuperarse de un ataque, que sus voces se escuchen porque no lograron borrarlas. Nos corresponde trabajar juntas para que encuentren justicia y puedan dejar de sobrevivir para que empiecen a vivir la vida que merecen.

Vamos a hacer ruido por las que ya no pueden gritar para exigir que el Estado deje de proteger feminicidas.

BIBLIOGRAFÍA

Cámara de Diputados, (marzo, 2023), La Cámara de Diputados aprobó sancionar hasta con quince años de prisión a quien infiera lesiones con ácido, Boletin Número 3900, Recuperado de: https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/la-camara-de-diputados- aprobo-sancionar-hasta-con-quince-a-os-de-prision-a-quien-infiera-lesiones-con- acido#:~:text=Indica%20que%2C%20si%20la%20lesi%C3%B3n,grado%20de%20tentativa%2C%20s eg%C3%BAn%20corresponda.

Comisión Nacional de Derechos Humanos, (septiembre, 2019), SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA, EN SU MODALIDAD DE PROCURACIÓN, ASI COMO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN AGRAVIO DE V1 Y LA VULNERACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ DE V2 Y V3, ATRIBUIBLES A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Recomendación no. 85/2019, Recuperado de: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/Rec_2019_085.pdf