Sabrina Martínez.
En abril de 2023, se presentó una iniciativa al Congreso para hacer cambios a la Ley General de la Salud, la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes y a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para prohibir el llamado “vientre de alquiler” o “gestación subrogada”.
La gestación subrogada “es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo” (Támes, 2020).
En otras palabras, es la práctica en la que una mujer “presta” (renta) su útero, para llevar a cabo un embarazo por medio de inseminación. Cuando el o la bebé nace, es entregada a una pareja –padres de intención– que pudieron haber aportado (o no) el esperma, el óvulo o ambos.
Se suelen dar remuneraciones económicas a la mujer gestante, así como los gastos médicos. Al dar a luz la “madre gestante” pierde sus derechos como progenitora y es separada del o la bebé sin ningún parentesco legal ni social.
El nombre “correcto” de esta forma de explotación a las mujeres suele ser “gestación subrogada”, sin embargo, socialmente, también se le conoce como “maternidad subrogada” o “vientre de alquiler” debido a su relación con la figura jurídica del arrendamiento.
Los puntos clave para analizar las controversias respecto al tema que nos ocupa suelen ser las
siguientes:
Decisión de embarazarse.
Si bien, aquí no se pone en duda la capacidad de cada mujer para tomar la mejor decisión sobre su cuerpo y su vida, también debe nombrarse que vivimos en un país donde el 8.5% de las personas viven pobreza extrema y el 43.9% de la población vive en pobreza (coneval, 2020).
Dicho sea de paso, Tabasco, –uno de los estados donde el alquiler de vientres está previsto en el Código Civil– se encuentra en el quinto lugar de los estados con mayor pobreza extrema.
La pobreza (ya sea extrema o no) afecta en mayor medida a las mujeres ya que se enfrentan a la desigualdad de salarios y oportunidades laborales, a la violencia económica en pareja y la cultura de los hombres de abandonar a sus hijos. Debido a la misoginia sistemática, las mujeres se vuelven más susceptibles a buscar medidas desesperadas para conseguir dinero.
Es evidente que una mujer de clase alta, que no vive violencia económica, no daría su consentimiento para ser víctima de la maternidad subrogada porque la necesidad (de sobrevivir) económica es la materia prima de las empresas (y el capitalismo en general) que comercializan con nuestros cuerpos.
En consecuencia, todos y todas deberíamos entender que si una mujer acepta un trabajo que no aceptaría si no le hiciera falta el dinero, en verdad no está dando su consentimiento, sobre todo si afecta su integridad, su salud o su dignidad.
Regular o prohibir.
Es verdad que cuando se prohíbe una práctica se da lugar a la realización ilegal de ésta, sin embargo, independientemente de que existan o no leyes que respalden la maternidad subrogada, nunca podrá ser una práctica ética por la naturaleza de esta.
Regular los vientres de alquiler, solo permitiría y alentaría la venta de “seres humanos bajo pedido” y el turismo reproductivo, donde, no solo la clase alta mexicana estaría aprovechándose de la clase baja, también personas de diferentes nacionalidades, probablemente con mayores oportunidades e ingresos.
Remuneración a las “mujeres gestantes”.
Quienes están a favor de los vientres de alquiler buscan que sea legal pagar una remuneración a la mujer gestante debido a que entienden que nadie aceptaría gestar a los bebés de otras personas gratuitamente. Sin embargo, pagar por la gestación subrogada es una forma de viciar el consentimiento de las mujeres aprovechando su contexto socioeconómico.
Acceso a la gestación.
Las principales personas que intentan tener bebés por medio de la gestación subrogada generalmente son parejas del mismo sexo –dos hombres–, padres solteros o son parejas en las cuales la mujer no puede quedar embarazada por cuestiones médicas.
No debemos perder de vista que, las mujeres con la posibilidad de gestar, no le deben absolutamente nada a las que – desafortunadamente– no pueden. Tampoco podemos olvidar que existe la posibilidad de adoptar y nos toca cuestionarnos como sociedad qué prejuicios nos están convenciendo de no considerar la adopción bajo ninguna circunstancia.
Dejando de lado las enormes violencias que viven las mujeres que se someten a las prácticas de gestación subrogada, existe otra cara de la moneda en la que existen violaciones a derechos humanos hacia las o los bebés que nacen bajo estas circunstancias.
Todas las personas tenemos un derecho humano llamado “derecho a la identidad”, que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, el cual establece que “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento”.
Cuando hablamos de identidad, nos referimos “al conjunto de rasgos que caracteriza a un individuo o a una colectividad frente a las demás personas” (Vásquez, 2018), podemos hablar de identidad desde dos aspectos, el individual y el colectivo. En el individual, se entiende que cada persona es única y diferente al resto debido a sus particularidades.
En el colectivo, se hace referencia a que “una persona se representa como tal cuando se reconoce a sí misma y a otras personas como miembros de una comunidad” (Vásquez, 2018). Es el segundo aspecto el que se viola alejando a las infancias de su comunidad y sus raíces.
Regulación de la maternidad subrogada en México.
Actualmente, solo cuatro estados de la república, en sus Códigos Civiles, hablan sobre gestación subrogada. Mientras que en Coahuila y Querétaro se establece explícitamente que no será válido ningún acuerdo que pretenda reconocer como madre a cualquier otra que no haya gestado, en Tabasco y Sinaloa se legisló para que la práctica de vientres de alquiler sea posible.
Gracias a dichas regulaciones en ciertos estados de la república, llegaron las empresas de gestación subrogada y en consecuencia, los problemas y violaciones a derechos humanos llegaron con ellas.
Hoy en día existen diversos casos como el de Nico y Mateo, una desafortunada situación en la que, debido a algún error de parte de la clínica que se encargó de la inseminación, en el embarazo, se desarrollaron gemelos y cuando nacieron, la “familia de intención” o quienes pagaron por los bebés, decidieron que siempre no los querían. La mujer que los parió no podía mantenerlos y los dejó en el hospital (Valadez, 2020). Al final, terminaron bajo la tutela del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
¿Cómo se prohibirá la gestación subrogada?
La iniciativa fue presentada hace unos días y todavía le queda un largo camino por recorrer para ser una realidad en nuestro país por lo que puede sufrir de algunos cambios y existe la posibilidad de que no se apruebe.
No obstante, en el mes de abril de 2023, según la iniciativa presentada hace unos días, se propone que se hagan cambios a tres leyes estableciendo lo siguiente:
- Ley General de Salud: Se agregará que la práctica de disponer, comerciar o adquirir embriones o gametos para gestación subrogada sea considerada tráfico de órganos y sea sancionado con prisión.
- Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: La reforma consistirá en clasificar la gestación subrogada como violencia obstétrica o gestacional.
- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: en esta se prohibirá la práctica de subrogación de vientres gratuita o con remuneración económica, con la intención de proteger el derecho de las infancias y adolescencias a la identidad.
El capitalismo siempre ha sabido que las mujeres somos un buen negocio y por eso se ha dedicado a explotarnos en empleos mal pagados, con doble jornada (trabajo doméstico y trabajos con salarios), nos rentan con fines sexuales, nos obligan a criar infancias que sean útiles para el capitalismo y ahora generan dinero con nuestras capacidades reproductivas, con capacidades que son inherentes a las mujeres, pero tan inconscientes como respirar.
El inicio de vigencia de la presente iniciativa de ley significará un gran avance para cuidar de la integridad y dignidad de los cuerpos de todas las mujeres y sobre todo, de las que se encuentran en situación de pobreza.
Cada día las leyes que nos rigen son un poco menos igualitarias pero un poco más equitativas y justas.
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Acerca del autor
Sabrina Martínez
Futura abogada, defensora de los derechos de las mujeres y niñas, enamorada de la investigación y las letras. Sigo cuestionándome y procuro vivir cada esfera de mi vida desde el feminismo, ya que confío plenamente en la lucha de las mujeres y su inminente liberación.
